“La Imprevisión” Teoría y Práctica, Segundo Tema del Conversatorio RETOS JURIDICOS E INSTITUCIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL COVID 19 EN YUCATÁN

El pasado lunes 18 de Mayo, el Colegio de Posgraduados en Derecho del Estado de Yucatán, (CPDY) en la segunda sección de su conversatorio “RETOS JURIDICOS E INSTITUCIONALES EN LA LUCHA CONTRA EL COVID 19 EN YUCATÁN, abordó los aspectos de: “La Imprevisión” Teoría y Práctica.

En dicho acto académico se contó con la participación de diversos posgraduados en la materia civil, mercantil y penal  integrada por la Dra. Juliana Hortencia  Soberanís Santana quien se desempeña como Juez Mercantil en el Poder Judicial del Estado de Yucatán,  el Dr. Jimmy Martínez – Rodríguez,  Presidente del  Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán, así como estuvo presente  el Dr. Alberto Cobos Palma quien actualmente es un connotado jurista yucateco.

El panel fue moderado por el Dr. Edgar Escalante Centeno integrante de la mesa directiva de la Colegiación.

Se comenzó el panel  con la intervención de la Juez quien a la letra dijo: 

“Hasta el 31 de mayo del 2020, suspensión de actividades no esenciales en los estados. lo cierto es la gran mayoría de los negocios se han visto en la necesidad de cerrar sus puertas si no despidiendo a su personal, a una parte de ellos, pese a los esfuerzos para apoyar a las personas de los gobiernos federal y estatal lo cierto es que se ha incrementado el número de desempleos y con ello la falta de poder adquisitivo de las personas quienes se han enfrentado a numerosos factores de necesidad como lo es su propia alimentación y la de sus familias, así como el pago de la energía eléctrica que no ha dado tregua en su cobro pues los recibos siguen llegando a los negocios como si éstos estuvieran funcionado en su normalidad, el pago del gas, colegiaturas y ya no digamos internet que es obligatorio tenerlo en casa debido a las clases que por este medio deben realizar los estudiantes. a todo eso debe sumarse los préstamos solicitados antes de la contingencia y el insistente cobro de éstos por parte de los acreedores.

La obligación como concepto se compone de un triángulo que supone su existencia, consistente en: uno o varios acreedores, en uno o varios deudores y la prestación que debe cumplirse  (dar, hacer o no hacer). la vinculación de estos tres componentes genera una obligación.

Como en toda obligación civil, existen riesgos en su cumplimiento pues existen factores ajenos a la voluntad humana o a la fuerza de la naturaleza que impiden su cumplimiento en el tiempo y la forma convenidos previamente al acontecimiento fortuito.

Ahora,  imagínense en el ámbito de comercio donde, en la mayoría de las ocasiones, la voluntad de las partes en el cumplimiento de la obligación no depende de éstas sino de factores económicos fluctuantes y la variabilidad en el comportamiento de las inversiones internacionales, pensemos que en el ámbito bancario, las tasas dependen del comportamiento de indicadores económicos de la bolsa, o de otros instrumentos de pago internacionales. Todo escapa al conocimiento de las personas que carecen del conocimiento de tales variables. pero esa es la naturaleza de los actos de comercio: la especulación, el lucro, la ganancia.  Ahí es donde se acentúa el riesgo.

Ahora pensemos que las personas celebran y acuerdan diversos actos para cumplir diversas obligaciones comerciales. un simple ejemplo: una operación mercantil de apertura de crédito bancario.

Una persona se adhiere a un contrato previamente establecido por la institución crediticia, y se sujeta al pago de un crédito por la adquisición de un bien de consumo duradero, (un vehículo). el contrato se celebra en mayo del 2019 y se pacta a 60 meses mediante pagos mensuales a tasa fija, y resulta que durante la jornada de sana distancia y de suspensión de actividades no esenciales, pierde su empleo. y deja de pagar las mensualidades de abril y mayo, aquí el riesgo no se evidencia entre los contratantes por la fluctuación de las variables financieras en forma directa, (indirecta si) sino en la falta de previsión de la capacidad de pago del deudor bancario cuando sobreviene una causa externa a su voluntad.

Qué hará el acreedor, quien de igual manera debe atender compromisos de pago en el ámbito interno de su giro?

Tendrá el deudor capacidad para hacer frente a sus obligaciones contractuales en forma normal, ante la no prevista pandemia y sus efectos económicos?

En el plano jurídico, habrá sin número de asuntos judiciales por parte de los acreedores que argumentarán falta de pago de sus deudores y éstos bajo la defensa de que no pudieron cumplir en tiempo y forma debido a una circunstancia ajena a su voluntad que les impidió el cumplimiento como en los tiempos normales de pago, argumentarán no estar en condiciones de cumplir entre otras cosas. se avecina en buena medida gran número de demandas mercantiles bajo esos argumentos.

Pero qué plan juega en nuestro derecho la teoría de la imprevisión?

Para comenzar, según el autor Manuel  Borja Soriano en su obra, teoría general de las obligaciones, la teoría de la imprevisión consiste en sostener que los tribunales tienen el derecho de suprimir o de modificar las obligaciones contractuales cuando las condiciones de la ejecución se encuentren modificadas por las circunstancias, sin que las partes hayan podido razonablemente prever esa modificación

En la edad media para evitar la usura practicada por prestamistas y mercaderes, los comerciantes cristianos  para poder remedio a esas prácticas, dejaron por sobreentendido que en cualquier acto  se respetaba la cláusula rebus sic stantibus según la cual las partes habían subordinado implícitamente el mantenimiento de sus obligaciones, tales como las habían contraído, a la persistencia de las condiciones de hecho existentes en el día del contrato. (contrario a la pacta sunt servanda)

En Francia en el siglo xix prevaleció la doctrina de la autonomía de la voluntad.

Demogue, decía que en un contrato las personas se asocian por su interés común, y que ante estas circunstancias de cambio, el contrato es cosa viva no rígida y que la revisión del contrato debe imponerse.

Pero se pone en pugna la estabilidad de los convenios porque la imprevisión daría al juez amplios poderes de los que podría hacer mal uso dice el autor, y permitiría a deudores poco escrupulosos tratar de perjudicar a su acreedor.

Dice que no puede encontrarse soluciones plenamente satisfactorias para ello, y que lo menos mal desde el punto de vista legislativo es en un ensayo de conciliación, que la imprevisión terminará en un reparto de pérdidas entre acreedor y deudor.

Ripert afirma que el deudor no puede faltar a la palabra dada a menos que el actor reclame un enriquecimiento injusto.  Menciona que en el momento de contratar, el acreedor ha adquirido del contrato un derecho del cual puede usar en las condiciones fijadas por el acuerdo de las partes. Menciona que es necesario respetar en ese contrato lo que es un acto de previsión legítima puesto que cada contratante hace un sacrificio actual en vista de un porvenir dudoso.

Sobre las opiniones adversas a la teoría de la imprevisión. la teoría francesa no la acepta pues, deduce que dicha teoría encontraría dificultades en su aplicación considerables porque no se sabe cómo limitarla.

En los trabajos internacionales de derecho en París, en 1937 se habló del tema sobre la revisión del juez de los contratos, la mayoría coincidió que no es posible dotar a los tribunales de revisar los contratos  porque esto les permitiría sustituir la voluntad de las partes por las suyas. si el juez puede rehacer un contrato no hay verdaderamente un contrato sino una obligación legal que ocupa el lugar de la que existía . que el tema de la revisión debe dejarse al legislador interviniendo y encargando al juez ejecutar su pensamiento, hacer la novación de la obligación contractual en una obligación que será puramente lega, novación que puede justificar las circunstancias especiales.

Dar al juez el poder de revisar los contratos conforme a la buena fe, se despierta en los contratantes la inmensa esperanza, no estar obligados.

El problema de la imprevisión se considera desde dos ángulos: el ideal y del derecho positivo. En el plano ideal, la fuerza obligatoria del contrato debe templarse por la consideración de lo justo. Esa facultad de revisión debe darse al legislativo para que la ejerza en circunstancias excepcionales.

Ante tales explicaciones, qué contiene nuestro derecho mexicano? el aforismo “Rebus sic stantibus” (estando así las cosas– Jurídicamente implica que las estipulaciones de los contratos, pueden modificarse ante alteraciones sustanciales de las circunstancias que los motivaron. ó “Pacta sunt servanda”? los contratos son para cumplirse sin excusa. Jurídicamente implica que las estipulaciones de los contratos, pueden modificarse ante alteraciones sustanciales de las circunstancias que los motivaron.

Nuestro Derecho Positivo sigue la doctrina Francesa en el sentido del principio pacta sunt servanda, lo cual, en el plano mercantil lo podemos ver en el artículo 78 del Código de Comercio que es de la letra siguiente: “En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la obervancia de formalidades o requisitos determinados” como dije: pacta sunt servanda.

Bajo este esquema, entonces, no está permitida la teoría de imprevisión en nuestro derecho civil mexicano, pues en ninguna parte de los textos civiles ni mercantiles, se dota al Juzgados a revisar un acuerdo de voluntades para modificarlo dadas las circunstancias extraordinarias que se aleguen, esto es, los pactos deben cumplirse tal y como se aceptaron antes de la causa extraordinarias, lo cual se confirma en la Jurisprudencia

Tesis: I.8o.C. J/14Semanario Judicial de la Federación y su GacetaNovena Época186972        1 de 2
Tribunales Colegiados de CircuitoTomo XV, Mayo de 2002Pag. 951Jurisprudencia(Civil)

CONTRATOS. LOS LEGALMENTE CELEBRADOS DEBEN SER FIELMENTE CUMPLIDOS, NO OBSTANTE QUE SOBREVENGAN ACONTECIMIENTOS FUTUROS IMPREVISIBLES QUE PUDIERAN ALTERAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE PRIVABAN AL CONCERTARSE AQUÉLLA.

De acuerdo al contenido de los artículos 1796 y 1797 del Código Civil para el Distrito Federal, que vienen a complementar el sistema de eficacia de los contratos a partir de su perfeccionamiento no adoptan la teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic stantibus derivada de los acontecimientos imprevistos que pudieran modificar las condiciones originales en que se estableció un contrato sino, en todo caso, el sistema seguido en el Código Civil referido adopta en forma genérica la tesis pacta sunt servanda, lo que significa que debe estarse a lo pactado entre las partes, es decir, que los contratos legalmente celebrados deben ser fielmente cumplidos, no obstante que sobrevengan acontecimientos futuros imprevisibles que pudieran alterar el cumplimiento de la obligación de acuerdo a las condiciones que privaban al concertarse aquélla, sin que corresponda al juzgador modificar las condiciones de los contratos

En donde  no se permite la teoría de la imprevisión de la que se ha hablado. Si bien en otras latitudes como en España, si opera la cláusula rebus, se hace en casos excepcionales y bajo ciertas circunstancias propias de sus economías, pero no de facto, sino bajo ciertas interpretaciones hechas para cada caso por el Tribunal Supremo correspondiente.

Entonces, la labor jurisdiccional de nuestro país, deberá ceñirse a la interpretación literal de la norma y bajo la corriente Francesa que no permite la cláusula rebus y con ello la teoría de la imprevisión, habrá qué atender la forma casuística y estar bien atentos a lo que nos indique la Corte sobre la materia, pues no olvidemos que en lo que a la materia de comercio por disposición constitucional, su regulación compete a la Federación.

Finalmente, la juez concluyo con lo siguiente:

1.- La teoría de la imprevisión no está contemplada en nuestro derecho civil mexicano.

2.- La cláusula rebus sic stantibus, ligada a la teoría de la imprevisión tampoco se asume en los contratos civiles de nuestro país.

3.- En el Derecho Positivo mexicano opera al aforismo pacta sunt servanda que implica que los contratos deben cumplirse con independencia de cualquier causa externa.

4.- Los tribunales no pueden de facto, modificar los contratos.

5.- La mediación o conciliación pudieran ayudar por voluntad de los contratantes cualquier modificación.

6.- Las propias instituciones bancarias y financieras podrían celebrar con los deudores convenios modificatorios a fin de que éstos puedan atender sus compromisos.

Acto seguido, se le dio uso de la palabra al Presidente Dr. Jimmy Martínez – Rodríguez quien dijo lo siguiente:

En nuestros tiempos, el máximo Código Político de la Nación acoge, no solo al ius positivismo sino también al ius naturalismo que sirven en su conjunto como palanca para potenciar a través del poder público y de la sociedad civil organizada,  el orden y la paz.

El reconocimiento constitucional de esos factores en gran medida se debe a la globalización en donde el fundamento de lo nacional es lo internacional, de modo que, el buen gobierno debe velar siempre por los intereses de todos y cada uno de los gobernados haciendo valer las fuentes positivas y naturales para la consecución de sus fines. 

Ahora bien, en materia contractual existe mucho descontento entre las partes cuando ante acontecimientos extraordinarios e imprevisibles generalizados se desequilibran las prestaciones establecidas entre sí, de ahí la pertinencia de este tratamiento que someto análisis,  por estar aplicándose  ante la ausencia de ley en el Estado sobre el particular,  el principio pacta sunt servanda,  esto es, que las partes se obligan a lo estipulado, aun y cuando cambien las circunstancias que le dieron origen, muy a pesar de la salvedad que a mi juicio lo constituye las situaciones extraordinarias e imprevisibles supervinientes y ajeno a la voluntad de las partes que pueda ser originado por una epidemia, pandemia o guerra, que sea general en todo el país, obteniéndose para alguna de las partes una onerosidad excesiva.

Esta situación que guarda relación con la Teoría de la imprevisión basada en la cláusula rebus sic stantibus que significa estando así las cosas: “Cualquier alteración sustancial de la obligación, es de modificar dicha estipulación” y que después de grandes esfuerzos realizados a través de la historia por sus referentes como lo son: Santo Tomas de Aquino y Hugo Grocio quienes han buscado con un deseo imperante la equidad y la justicia, principios rectores de los sistemas jurídicos, se logró implementar con éxito en países europeos tal es el caso de Alemania e Italia así como por Argentina y Chile en América latina,  por citar algunos.

En este orden de ideas, los Estados Unidos Mexicanos, avanzando lento pero seguro hacia ese punto y ante la necesidad de que las resoluciones judiciales se encuentren apegadas a la equidad y justicia contractual,  sin que por ello sea abandonar la firmeza de los contratos,  ratifico por decreto de veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y cuatro, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuyo criterio ha sido el referente en las codificaciones de los Estados de Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, entre otros, contribuyendo a combatir la excesiva onerosidad sobreviniente a los contratos civiles bilaterales conmutativos o unilaterales onerosos, de tracto sucesivo o de ejecución diferida,  logrando a través de los mecanismos alternos de solución de controversias o la intervención judicial,  su modificación o terminación. 

Hoy es tiempo de Yucatán, hoy es tiempo de la sociedad y gobierno, hoy es tiempo de equidad, de continuar otorgándole no solo el voto de confianza a la cláusula pacta sunt servanda,  sino también a lo que vendría a ser su excepción cuyo cimiente lo constituye la cláusula rebus sic stantitus , se requiere la buena apreciación judicial que apuntale principios no solo normas.

En atención a ello propuso:

1.- Para la coexistencia de ambos principios en el ordenamiento civil del Estado de Yucatán, propongo las reformas y adiciones que elabore con base en el derecho comparado,  alineado al constitucionalismo a fin de incorporar los efectos de la teoría de la imprevisión a la luz de garantizar los principios de justicia y equidad en los contratos, ante acontecimientos extraordinarios e imprevisibles ajenos a la voluntad de las partes y generalizado en todo el país.  

LIBRO TERCERO / DE LAS OBLIGACIONES

TITULO PRIMERO / DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES

CAPITULO I / DE LOS CONVENIOS Y LOS CONTRATOS

SECCION PRIMERA / DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 992.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento otorgado en las condiciones y circunstancias generales existentes al momento de su celebración, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.

SECCION SEXTA / DE LAS RENUNCIAS Y CLAUSULAS QUE PUEDEN

PONERSE EN LOS CONTRATOS

Artículo 1034 Bis.- Todos los contratos bilaterales conmutativos y unilaterales onerosos, de tracto sucesivo o de ejecución diferida, deberán contener una cláusula en donde explicite que la prestación a cargo de una de las partes de tornarse excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevistos y ajenos a la voluntad de éstas, se realizará por el juez o árbitro una revisión del contrato.

Si se omitiere esta cláusula cuyo derecho es irrenunciable se entenderá que ambas partes prefieren la revisión judicial. 

SECCION SEPTIMA / DE LA INTERPRETACION DE LOS CONTRATOS

Artículo 1053 Bis.- Los contratos bilaterales conmutativos y unilaterales onerosos, de tracto sucesivo o de ejecución diferida, podrán ser revisados por el juez o árbitro en su caso, si la prestación se hubiere convertido, por acontecimientos extraordinarios, imprevisibles y ajenos a la voluntad de las partes, en excesivamente onerosa de ser cumplida a cargo de cualquiera de éstas. En tal evento, el juzgador estará facultado para modificar las clausulas respectivas, restableciendo la equivalencia de las prestaciones existentes al momento de contratar,  o en su defecto, rescindir el contrato.

No procederá la resolución, si el perjudicado estuviese en mora.

El derecho concedido en este artículo prescribe en seis meses contados a partir desde que sobrevino tal hecho.

CAPITULO XII / DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS

SECCIÓN SEGUNDA / DE LA COMPRA DE ESPERANZA

Artículo 1929 Bis- Las normas relativas a la excesiva onerosidad superveniente que se encuentran en este código, no se aplicara a los contratos aleatorios por su naturaleza.

2- Mientras el Poder legislativo yucateco aprueba la reforma en la cual se incluya en la legislación civil la teoría de la imprevisión como ya se ha hecho en gran parte de los Estados de la República, el Poder Judicial del Estado,  debe a mi juicio priorizar resolver con base en el Derecho Internacional  los conflictos entre particulares modificando o terminando los contratos bilaterales onerosos de tracto sucesivo que se han incumplido a causa  del COVID 19 a fin de priorizar los principios de justicia y de equidad  y no así,  emplear normas o interpretaciones que resultan en la actualidad ajenos al espíritu del nuevo paradigma constitucional.

3.- Ejercer en primera instancia durante y posterior al COVID 19 la práctica de la mediación Y/O conciliación sin duda alguna, para efectos de establecer un equilibrio entre las prestaciones reciprocas que se deben entre sí las partes contratantes.

Para concluir, se pudo apreciar en las exposiciones de los especialistas en primer término sobre lo establecido y en segundo término sobre lo estableciéndose, grandes retos jurídicos e institucionales,  en donde coincidieron que lo ideal es la prevalencia de los principios por encima de las normas pero para que ello opere a cabalidad, se tendría que legislar en Yucatán para incorporar en el código civil  la teoría de la imprevisión con todas sus legales consecuencias.

Con respecto a la aportación en materia penal el Dr. Alberto Cobos expuso de manera magistral que la prisión preventiva en tiempos de pandemia como lo es el COVID-19 debe de estimarse con base en el Derecho Internacional el cual debe circunscribirse al principio de inocencia, esto es,  la mayor prerrogativa al ciudadano para encontrarse en libertad, La prisión preventiva debe ser la excepción no así la regla, pues el Derecho en tiempos de pandemia le apuesta a la libertad del ciudadano no así a su encierro, máxime que aún no se tenga sentencia condenatoria, pues sería muy grave para el Estado contraer la enfermedad respiratoria de mérito y fallecer recluido cuando aún no tuviere sentencia en contra, que bien pudo haberse encontrado en su hogar.  

Dejanos tus comentarios. Tu opinion es muy importante