La Corrupción en México – Amenazas y Desafíos

                   

MAP Gustavo Efrén Escudero Torres –Miembro Honorario del Colegio de Postgraduados en Derecho de Yucatán

(Apuntes de conferencia del viernes 5 de febrero de 2017) –Referencia conceptual

Los intentos por definir el fenómeno de la corrupción o su clasificación han sido hechos desde diferentes criterios y perspectivas, incluyendo razones morales, descripción de las conductas o comportamientos involucrados, modelos que integran el conflicto de intereses, el abuso de confianza o el clientelismo, modelos económicos, políticos y administrativos, distinguiendo los casos en que la corrupción se da en el sector público o en el privado o bien, en las maneras en que los individuos se involucran con el crimen organizado u otras formas de organización criminal especializadas.

Lo que es un hecho, es que el fenómeno de la corrupción tiene características epidémicas, es decir, no es privativo de un país, pues no conoce fronteras; no distingue clases sociales, ni sectores, lo mismo se da en el sector público que en el privado y en muchos casos en complicidad uno con el otro. La corrupción no es un fenómeno nuevo, ha existido desde las épocas más antiguas, igual podemos encontrar registros bíblicos con referencia a la caída de la opulenta Babilonia por efecto de la vanidad, idolatría y corrupción con las que se vivía, como también tenemos relatos históricos del imperio romano que dan cuenta de innumerables casos; el mismo fenómeno ha afectado a los integrantes de diversas religiones y existen registros que relatan, por ejemplo, los excesos de corrupción que se vivieron en el Vaticano en la época de la familia Borgia (s. XV).

De igual manera, la crisis del mundo islámico puede explicarse en gran parte por el resentimiento y frustración que han dejado los gobiernos corruptos e ineficaces; otros casos están representados por las innumerables denuncias contra sectas como la denominada “pare de sufrir”, cuyo origen es la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en Brasil en 1977, donde se reclaman los fraudes hechos a sus seguidores con la venta de “objetos milagrosos” y la corrupción interna de sus miembros.

También puede citarse cualquier país y veremos casos de éste.

Así tenemos a España donde se han denunciado altos niveles de corrupción derivados del elevado número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autónomas y locales; en Brasil, donde los expertos han opinado que si se redujera la corrupción al nivel promedio mundial, el país aseguraría un crecimiento anual adicional de 1.8 %; en los Estados Unidos de América, entre otros casos, está la corrupción denunciada de los agentes de las aduanas, debido a las grandes cantidades de drogas ilegales que pasan por esos puntos transfronterizos y las inmensas cantidades de dinero de que disponen los narcotraficantes para corromper a los funcionarios.

La corrupción se desarrolla tanto en instituciones locales, como en multinacionales, sólo basta recordar el caso de “petróleo por alimentos” en el que se vieron involucrados altos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas; lo mismo afecta al sector público que al privado y como ejemplo de ello viene a la memoria el caso Enron Corporation, calificado en el año 2001 como el séptimo grupo empresarial de mayor valor en los Estados Unidos, donde los mecanismos regulatorios, o la falta de ellos, colapsaron frente a la corrupción política producto del financiamiento electoral y otras prebendas y, como consecuencia, fueron defraudados más de 20,000 empleados y dejó al descubierto el enriquecimiento ilícito, por una suma superior a los 1,000 millones de dólares, repartido entre 29 personas; en China, en años recientes un informe oficial reveló que las arcas públicas perdían un 12% del PIB debido a la malversación de fondos.

México no es la excepción, la corrupción es el mayor problema que enfrenta la sociedad. Su magnitud e impacto de consecuencias negativas impide literalmente el desarrollo económico, político y social del país.

Recientemente (24-ene-2017) Transparencia Mexicana1 publicó que:

  • Las reformas anticorrupción y la primera etapa de implementación del Sistema Nacional Anticorrupción no fueron suficientes para reducir el efecto de los 1 Citado en: http://www.tm.org.mx/ipc2016/ La corrupción en México. Amenazas y desafíos 3 de febrero de 2017 Página 3 de 16 continuos escándalos de corrupción en todo el país y frenar la caída de México en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016.
  • México obtiene una calificación de 30 puntos, lo que lo ubica en la posición 123 de 176 países. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país peor evaluado.
  • La falta de contrapesos reales entre poderes, el número y la gravedad de los casos de corrupción expuestos a la opinión pública y los niveles de impunidad, fueron determinantes en esta nueva evaluación del país. México cae 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado recientemente por Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional.

El país obtuvo una puntuación de 30 en una escala que va de 0 a 100, donde 0 es el país peor evaluado en corrupción y 100 es el mejor evaluado en la materia. La calificación actual es cinco puntos menores que la de la medición anterior. En el Índice de Percepción de la Corrupción 2016, publicado anualmente por Transparencia Internacional, México se mantiene por debajo de sus principales socios y competidores económicos. 40 posiciones separan a México de China, India y Brasil, sus principales competidores económicos.

Entre las 35 economías que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica en el último lugar. Para tener una idea de lo grave de la situación, análisis serios sobre el fenómeno en México señalan que los recursos involucrados en actos de corrupción se estiman en una cantidad cercana a los 30 mil millones de dólares anuales, lo que equivale al 9.5% (el diezmo) del Producto Interno Bruto (PIB).

También revelan que la corrupción que existe en el sistema económico representa un serio problema para el entorno productivo del país, al grado de que de todas las empresas que admitieron haber pagado sobornos, el 81% hizo desembolsos ilegales para agilizar permisos y el 79% corrompió a funcionarios para facilitar la conexión de servicios públicos, el 82% otorgó dinero para evitar molestias de inspectores, mientras que el 52% lo hizo para obtener contratos gubernamentales. La corrupción involucra siempre ganancias ilícitas en efectivo u otra clase de beneficios económicos, como poder o influencia e incluso intereses menos tangibles y ocurre, como ya se mencionó, tanto en el sector público como en el privado, así como en economías cerradas o de libre mercado y en gobiernos y sociedades democráticas y también en las que no los son. Se puede decir que no existe un consenso universal acerca de qué conductas específicas deben ser incluidas y cuáles no en el concepto “corrupción”, particularmente en la tarea legislativa cuando se trata de la definición de los tipos penales.

Por ejemplo, la proposición de que la corrupción es el abuso del poder público para obtener un beneficio particular que daña al interés general, pone a discusión o debate si el término corrupción deberá estar limitado a los actos de abuso del poder público o a aquellos que dañen el interés general y, si no es así, ¿qué clase de conductas y sujetos deberían de ser incluidos en dichas definiciones para estar en posibilidad de ser sancionadas por el Estado? Lo que es claro es que al hablar de corrupción estamos hablando de “una conducta ilícita que busca un beneficio personal (indebido) en demérito o menoscabo del bien común” Las formas de corrupción son múltiples, siendo las más comunes el enriquecimiento ilícito, uso ilegítimo de información, tráfico de influencia, malversación de fondos públicos, prevaricación, abuso de autoridad, la coalición de servidores públicos para actuar contra la ley, el cohecho, concusión, peculado, conductas consideradas delictivas contra la administración de justicia, por nombrar algunas.

Se puede corromper y hacer corrupción por comisión y por omisión, aspecto que se tratará más adelante; existe corrupción en el político prevaricador que falta al juramento prestado ante el pueblo y ante su conciencia; en el empresario ambicioso que busca el lucro desmedido, con desapego a cualquier norma ética, moral o social; existe corrupción en el La corrupción en México.

Amenazas y desafíos 3 de febrero de 2017 Página 5 de 16. – Líder sindical que no duda en extorsionar o amenazar al empleador o a sus agremiados para escalar posiciones de poder y de enriquecimiento indebido y lo mismo sucede con el profesionista que actúa contra el código de ética de su profesión por obtener una utilidad a cualquier costo, incumpliendo con mínimas normas de calidad a través del engaño a sus clientes.

También se debe decir que el dispendio o malgastar los recursos públicos son formas de corrupción. Existen características comunes a estas conductas que pueden conjuntarse al concepto general. Probablemente la más común y frecuentemente citada es la de conflicto de intereses, circunstancia que da pie o genera actos de corrupción o, dicho de otra manera, en todo acto de corrupción, subyace siempre un conflicto de intereses. La anterior aseveración, pone énfasis en el conflicto entre una obligación normal, un curso de acción definido o una práctica aceptada y algún incentivo para apartarse de esa acción.

La obligación de un funcionario o servidor público para expedir una licencia, dar trámite a cierta documentación o tomar una decisión administrativa de acuerdo a prioridades preestablecidas y a la ley, puede entrar en conflicto con un interés personal del servidor público para favorecer o agilizar los trámites al ciudadano que ofrece un soborno (cohecho). De forma similar, la obligación del empleado del sector privado de actuar a favor de los intereses de la empresa, puede entrar en conflicto ante el soborno, la amenaza u otras conductas inadecuadas en contra de lo debido.

El abuso del poder público, por ejemplo, para obtener un beneficio indebido, también puede ser visto como un conflicto de intereses entre la obligación de desempeñar el cargo público en beneficio de la comunidad a quién sirve y el interés del servidor público de explotar su posición en beneficio propio. Este modo de corrupción tiene sus variantes o matices cuando se considera, no sólo la conducta ilícita del servidor público, sino, además, el contexto en el que se realiza y las consecuencias que produce.

En síntesis, podríamos decir que la corrupción consiste en la violación de una obligación por parte del servidor público, quién es quién tiene la facultad de decidir, con La corrupción en México. Amenazas y desafíos 3 de febrero de 2017 Página 6 de 16 objeto de obtener un beneficio personal indebido, a cambio del otorgamiento de beneficios para el sobornante o el extorsionado, que superan los costos del soborno o del pago o servicio extorsionado.

Esta proposición confirma la tesis mencionada con anterioridad en cuanto a la connotación más general del término corrupción definido como “una conducta ilícita que busca un beneficio personal (indebido) en demérito o menoscabo del bien común” Dado que la ganancia que el corrupto obtiene es indebida, es decir, es una ganancia externa a la actividad misma, no cuesta mucho inferir que el carácter externo de esa ganancia provoca, por lo general en el corrupto, un conflicto de motivaciones e intereses con respecto a la actividad o práctica que desempeña: por un lado, suele desear conservar su posición en el sistema, ya que es la que le permite obtener, tanto la remuneración regular, como la ganancia indebida. En el mismo orden de ideas, la ganancia indebida sólo puede obtenerla violando sus obligaciones, es decir, quebrantando las bases de su propia posición. El acto o la actividad del corrupto tienen siempre un efecto corrosivo con respecto al sistema normativo vigente o relevante. Es una opción destructiva.

El corrupto, si quiere conservar el carácter racional de su actividad, tiene que practicar un juego doble con objetivos recíprocamente opuestos: el de la conservación del sistema normativo vigente y el de la obtención de los beneficios indebidos, violando este mismo sistema. Es por esta última razón que, en muchas ocasiones, funcionarios públicos, políticos, militantes de partidos y ciertos sectores sociales, se han negado a aceptar, tramitar, favorecer o apoyar reformas legislativas que establezcan mayores controles al uso de los recursos públicos, pues traerían como consecuencia cerrar las puertas a muchos actos de corrupción, con lo que se terminarían sus ganancias indebidas.

Ante un problema de tales dimensiones no es posible adoptar una postura de complacencia considerando como avances significativos en el combate a la corrupción el hecho de que los índices, elaborados por organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional, muestren una disminución del 10% en un plazo de un par de años, cuando éstos (los índices) son referidos, casi todos, a la “pequeña corrupción”, es decir, la que sufren los jefes de familia al solicitar servicios o trámites ante la administración pública en cualquiera de sus ámbitos de gobierno, sea éste federal, estatal o municipal.

Mantener esa actitud es como tratar de tapar el sol con un dedo, ocultando o disfrazando una realidad con dimensiones enormes que vulnera gravemente las instituciones democráticas y el imperio de la ley y cuyos efectos, en consecuencia, atentan contra el estado de derecho, el erario, así como contra los derechos y patrimonio de las personas.

Por ello es imperativo que, desde la elaboración de las políticas públicas e iniciativas legislativas, hasta la definición de las acciones a realizar, pasando por el diagnóstico, planeación, establecimiento de objetivos, estrategias y cursos alternativos para combatir la corrupción e impunidad, sea motivado por una verdadera toma de conciencia, de parte de todo servidor público (y social que exija a sus representantes), de la necesidad de conducirse impulsado por los más altos valores éticos, si lo que deseamos es proteger a nuestras familias, a nuestra comunidad y a nuestro país en el presente y tener la capacidad de crear o propiciar mejores condiciones para las generaciones presentes y futuras, idealizándonos como un pueblo capaz de interactuar, de manera solidaria y con espíritu de amistad, con los demás pueblos de la tierra.

Si no somos capaces de fijarnos altos ideales, no podremos salir nunca de nuestra pasividad, de nuestra mediocridad civil y, por ende, personal. No podremos eludir tampoco, nuestra corresponsabilidad en relación con los males que nos afectan como sociedad, pues no sólo existen los deterioros por efecto de la acción ilegal, sino que también la omisión implica consecuencias negativas para las personas en lo particular y para la sociedad en su conjunto.

Además, hay que recordar que el funcionario público no puede hacer más allá de lo que le permite la ley, así como tampoco puede dejar de hacer lo que la propia ley le La corrupción en México. Amenazas y desafíos 3 de febrero de 2017 Página 8 de 16 ordena que haga, los actos para lo cual está facultado y son de su responsabilidad. No actuar significa tanto como aceptar la complicidad ante la corrupción e impunidad que intentamos (decimos) combatir. Si no actuamos de forma oportuna, decidida y con inteligencia, perderemos la batalla si no es que ya la perdimos, sólo baste constatar los altos niveles de violencia generados por el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, la impunidad y los altos niveles de pobreza de gran parte de la población.

Si no actuamos será inútil quejarse cuando el daño esté hecho y sea irreversible o de imposible reparación, pues el deterioro de las condiciones de vida es de gran magnitud y crecerá como el cáncer si no combatimos frontalmente la corrupción en todas sus formas.

El combate a la corrupción e impunidad demanda de las personas el ejercicio o práctica de importantes virtudes, pues exige de la justicia, que significa dar a cada uno lo que merece; exige fortaleza, pues requiere persistencia en el deber ser, firmeza y constancia en la búsqueda del bien; necesita de la perseverancia, pues es necesario mantenerse en el camino, mantener el rumbo, no claudicar no obstante los problemas; requiere de honradez, palabra que proviene del latín “honos – honoris, del que deriva honorare, honoratus, honratus” que significa actuar con honor, es decir, con respeto a las normas aceptadas por todos y servicio a los demás, es una forma de práctica de la libertad responsable.

Consecuencias de la corrupción La corrupción plantea graves problemas y amenazas a la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley. La corrupción genera vínculos con otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluyendo el lavado de dinero. La corrupción entraña vastas cantidades de activos, los cuales pueden constituir una porción importante de los recursos del Estado y que amenazan la estabilidad política y, como ya se mencionó, el desarrollo sustentable.

La corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías. En países en desarrollo como el nuestro, la corrupción daña y obstaculiza el desarrollo económico, político y social. Los recursos públicos son asignados de forma ineficiente, provocando con ello sentimientos de frustración entre la población honesta, por lo que el nivel de desconfianza hacia las instituciones públicas y clase gobernante se incrementa.

Como consecuencia, la productividad se reduce, la eficiencia administrativa se ve disminuida, se deteriora la legitimación política y se pone en riesgo la gobernabilidad; en ocasiones, la ayuda extranjera se pierde al no poderse garantizar su debido uso y los proyectos se quedan inconclusos dada la pérdida de entusiasmo de los organismos donantes. La corrupción impacta negativamente el desarrollo económico, en razón de que grandes cantidades de recursos fluyen en dirección opuesta a donde son necesitados, es decir, van a parar al extranjero en las cuentas bancarias de funcionarios corruptos, fuera del alcance de la competencia y jurisdicción de las autoridades nacionales.

Este saqueo de recursos genera, tarde que temprano, inestabilidad política y económica, pobre infraestructura, sistemas de educación y de salud deficientes y los bajos niveles de vida de la población en general tienden a perpetuarse. Estos escenarios son propicios para la aparición y expansión de la delincuencia organizada, el narcotráfico, el lavado de dinero, los secuestros, asesinatos y, por supuesto, infinidad de casos de impunidad, lo que atenta seria y gravemente al estado de derecho y por ende a la estabilidad y seguridad social.

¿Cuál es el problema, dónde radica?

El problema tiene raíces históricas, tiene que ver con nuestro devenir histórico, de dónde venimos y no con ello quiero decir que “la corrupción somos todos” como algunos políticos y no políticos han aseverado de manera por demás equivocada, pues sólo baste pensar que de los más de 120 millones que somos, más de 50 millones viven (sobreviven) con ingresos inferiores a la línea de bienestar (datos de CONEVAL 20172 ) y estas personas difícilmente tienen acceso a la administración de los recursos públicos.}

La clase media (aunque no existe un consenso en su definición) y menos cuando la clase media en nuestro país más bien es “media clase” por el deterioro que hemos sufrido en el poder adquisitivo, somos los que trabajamos todo el día y todos los días para llevar el sustento a nuestro hogares y que representamos la otra mitad, tampoco tenemos acceso al manejo de los recursos públicos, por lo que sólo el 0.2% de la población ostenta la riqueza de este país, según los datos del Sexto Informe Global de Riqueza del Credit Suisse Research Institute, según publicó “El Economista” en su página web de fecha 2 de febrero de este año, por lo que es fácil concluir que “la corrupción no somos todos”, pero sí podemos afirmar que la gran mayoría ha estado involucrada en actos de corrupción.

¿Por qué son las cosas así?                          

Sin pretender entrar en detalles históricos, debemos recordar, aunque sea brevemente, la transición habida en el mundo dese los estados monárquicos, donde el poder de los soberanos sobre los súbditos residía en la nobleza de su linaje y el mandato divino, pasando por la revolución francesa, la independencia norteamericana y la de nuestro país, donde los pilares de la nueva conformación de los gobiernos, fueron y son los principios democráticos de división de poderes (como un sistema de pesos y contrapesos) básicamente para evitar el abuso del poder y fortalecer los derechos del hombre y los principios de representación que se dan básicamente en el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en los tres ámbitos de gobierno (se incluye el Municipal dese 1999), mediante el cual nosotros los ciudadanos, de forma libre, elegimos a quienes personificarán a los poderes constituidos del Estado.

Esto nos lleva a dos ideas básicas: la primera, tiene que ver con que todos nosotros, a través de nuestros representantes en los órganos legislativos, decidimos que valores o bienes son importantes para la convivencia pacífica y el desarrollo personal y como 2 Citado en: www.coneval.org.mx La corrupción en México.

En colectividad, deben ser protegidos y, en esa tesitura, se elaboran leyes que como todos sabemos son obligatorias, pues así lo decidimos para proteger lo que consideramos valioso, empezando por la vida y, por otra parte, nosotros elegimos al titular del Poder Ejecutivo, que resulta ser la persona que consideramos la persona que, primero, ha entendido la problemática del país y ha propuesto las soluciones debidas y en segundo lugar, consideramos que por su perfil personal, moral y profesional, cumple con los requisitos del puesto.

Pero ahí no acaba todo, pues no se nos debe olvidar que estas personas elegidas son nuestros “mandatarios” (por eso se le dice “Primer Mandatario”) pues nosotros somos sus mandantes. En ese orden de ideas, tenemos que: Al aprobarse el presupuesto de egresos, se está consintiendo que esos son los recursos que requiere el Ejecutivo para solventar las necesidades del país y que con ello podrá ejecutar los programas sociales aprobados, pagar a la burocracia, prestar los servicios a la sociedad, mantener el orden y el desarrollo económico, etc., etc., etc., en otras palabras, podrá hacer todo lo que prometió en su campaña que haría y lo que la ley le comanda realizar. Pero en este punto, es necesario hacer un comentario a manera de acotación: Debemos recordar lo que mandata nuestra Constitución Federal relativo al cargo de Presidente de la República (aplicable igual para Gobernadores y Presidentes Municipales) en la fracción I del artículo 89: “Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:

  1. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia….” Recapitulando, por un lado, tenemos al poder legislativo promulgando leyes para la protección de lo que consideramos valioso para la convivencia pacífica y desarrollo armónico y por otro lado tenemos al poder ejecutivo obligado a cumplir y hacer cumplir cabalmente las leyes emanadas del Congreso de la Unión y en este punto sale a la escena el principio fundamental y básico de la “rendición de cuentas” Mencionar brevemente qué es la rendición de cuentas haciendo intervenir al auditorio…. La corrupción en México. Amenazas y desafíos 3 de febrero de 2017 Página 12 de 16 Preguntar al auditorio que cuáles serían las razones por las que no existe una cabal rendición de cuentas en nuestro país. Comentar el “Pacto de Mayflawer” de 1620 y los conceptos de “confianza mutua” la vinculación con el imperio de la ley y “las promesas cumplidas”, demostrable con la rendición de cuentas. La protesta contenida en el artículo 87 de la Constitución Federal (ir a la pág. 14 del ensayo)

El permanente engaño al pueblo El caso mexicano sobre rendición de cuentas, transparencia, información pública y gestión por resultados podría perfectamente contradecir la paremia conferida a Abraham Lincoln que reza: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”, pues en nuestro país, según la percepción popular, “el gobierno ha engañado a todo el mundo todo el tiempo” habiendo creado para ello un sistema jurídico que ha dado pie a la opacidad más extrema y a la corrupción más lacerante, sin que existan responsables.

Crítica a algunas disposiciones Constitucionales y otros ordenamientos

De inicio, puedo asegurar, coincidiendo con muchos autores expertos en la materia, que ⸗el problema esencial⸗ que afecta al sistema de rendición de cuentas en México, en los tres poderes del Estado y en los tres órdenes de gobierno, es sin duda ⸗el mal diseño institucional⸗ sustentado en la legislación existente. De manera enunciativa, más no limitativa, haré algunos señalamientos al respecto para ejemplificar el problema, partiendo de disposiciones Constitucionales y, si el espacio me lo permite, lo mismo haré de legislación y/o reglamentación secundaria federal, estatal y municipal.

Quién en su sano juicio puede creer factible que una asamblea de representantes como lo es la Cámara de Diputados, cuya actividad fundamental es la función legislativa, pueda revisar la cuenta pública de la Federación, con toda su complejidad, en un plazo no mayor de nueve meses, ¿son legisladores o auditores?, además, ¿sobre qué bases realizan esa revisión?, todos sabemos que no lo hacen de manera directa, pues para ello existe la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, pero además, la citada Cámara tiene la obligación de evaluar el desempeño de dicha entidad fiscalizadora. ¿Le quedará tiempo para legislar y para cumplir con sus responsabilidades constitucionales y legales? Asimismo, la revisión de dicha cuenta pública, no sólo tiene que ver con situaciones financieras de ingreso-gasto, sino que la revisión debe incluir aspectos de eficiencia, oportunidad, economía, calidad de los recursos económicos y el cumplimiento de los objetivos de los programas gubernamentales que hubieren sido objeto de asignación de recursos y el impacto social y económico alcanzado.

Luego entonces, ante este gran espectro que debe abarcar dicha revisión de la cuenta pública federal para que los Diputados puedan cumplir con el mandato constitucional, la pregunta obligada sería ¿cuales son los alcances de las facultades de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, para constituirse como una institución capaz de facilitar a la Diputación la información oportuna, veraz y completa para cumplir su cometido?, y esta pregunta no encuentra una respuesta fácil, debido principalmente a las limitaciones que le impone la legislación que rige su funcionamiento (facultades y competencia) partiendo también desde las disposiciones Constitucionales y de ahí a las disposiciones jurídicas secundarias y administrativas complementarias.

Un análisis breve de dichas disposiciones nos permite inferir que es poco menos que imposible que una entidad pública como la Auditoria Superior de la Federación (ASF) pueda revisar los ingresos, los egresos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda pública; el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos federales, las participaciones federales a los Estados y Municipios (antes no podía), así como la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática de todas las entidades fiscalizables de conformidad con las aludidas disposiciones aplicables y además, verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas federales y su impacto.

El tamaño de la tarea y con las limitantes legales de la ASF hace previsible la imposibilidad de su cabal cumplimiento. Observemos algunos aspectos. En primer lugar está el tiempo que se le otorga a la ASF para realizar esa magna revisión: poco más de nueve meses, además, dicha revisión la realiza a través de una serie de auditorías que se llevan a cabo de acuerdo con un programa anual, lo que quiere decir, que no todas las entidades públicas fiscalizables son auditadas, sino que éstas son seleccionadas o definidas (a quienes se auditará) a partir de distintos criterios de orden cuantitativo y cualitativo, como la propia ASF los denomina, tales como montos presupuestales y los conceptos que por su naturaleza y circunstancias coyunturales representan un mayor riesgo para las finanzas públicas y el logro de los objetivos de las políticas gubernamentales (sic).

Pero eso sólo es la punta del iceberg, además está la tremenda circunstancia de que esas auditorías las realiza a través de informes, los cuales no son revisados por nadie. Un ejemplo. Tomemos el caso de cualquier fondo de aportaciones federales a los Municipios, éstos tienen la obligación de hacer del conocimiento de las comunidades beneficiadas las obras a realizar con recursos de la federación, su costo, ubicación, metas y beneficios esperados, etc.

En algunas legislaciones estatales se establece que dichas obras sean supervisadas por un comité ciudadano de control y vigilancia a quién se le entrega la obra terminada. Ahora bien, los Municipios deben informar, por lo regular, a la Secretaría de Finanzas estatal de los montos ejercidos y avances. Estas dependencias envían también informes periódicos de toda índole (contables, administrativos, presupuestales, de obra, de nómina, contratos, etc.) al órgano superior de fiscalización del estado para que la analice y evalúe.

A su vez, la Secretaría de Finanzas envía informes de ello a las dependencias federales de Hacienda y a la que corresponda el ramo de la aportación, de donde dichos informes, ya concentrados por las dependencias federales, se integran a los informes que el Ejecutivo Federal envía periódicamente a la Cámara de Diputados y a la ASF, donde ésta última y de acuerdo a los criterios mencionados, auditará o no para su comprobación y evaluación.

Todo este laberinto de informes realizados bajo los criterios de cada dependencia federal, estatal y municipal, los convierte La corrupción en México.

En eventos donde “cada quién hace y dice lo que quiere” (pues no se ha cumplido con la homologación contable), recordando que sólo estamos intentando ver la radiografía del aparente sistema de rendición de cuentas tocante a un fondo de aportación federal, ahora imaginemos todo el escenario en todo el territorio nacional, en los tres poderes del Estado y en sus tres órdenes de gobierno.

Es por demás obvio concluir que, de tal diseño institucional, originado en sede legislativa en lo principal y en sede administrativa lo reglamentario, es imposible obtener un sistema integral de rendición de cuentas, por lo que de seguir las cosas como hasta ahora, continuaremos siendo testigos de una gran opacidad, corrupción e impunidad en la función pública, con todas sus graves implicaciones.

Otro de los grandes equívocos en el diseño institucional se finca en dos de los principios conforme a los cuales se ejerce la función de fiscalización de la cuenta pública, siendo verdaderos absurdos y diametralmente opuestos al espíritu democrático.

Me refiero a los principios de posterioridad y anualidad, a los que aludía el segundo párrafo del artículo 79 Constitucional (ahora son los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, párrafo reformado DOF 27-05-2015). El principio de posterioridad significa que la ASF cumplirá con sus atribuciones de fiscalización una vez terminado el ejercicio fiscal que será materia de su trabajo, previa la presentación de la cuenta pública que envíe el Presidente de la República a la Cámara de Diputados, donde este evento (la presentación de la cuenta pública) se lleva a cabo el día 30 de abril del año siguiente al del ejercicio que se auditará, fecha a partir de la cual la ASF relazará su Programa Anual de Auditorías, mismo que deberá concluir el 20 de abril del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública y a su vez, como ya mencioné, a partir de ésta última fecha, la Cámara de Diputados cuenta con poco más de ocho meses para concluir su revisión (31 de octubre del año siguiente al de la presentación de la cuenta pública) que hará mediante o a través del informe de resultados presentado ante ella por la ASF.

Por su parte, el principio de anualidad obliga a que la función de fiscalización se ajuste sólo al año fiscal en el que se ejerció el presupuesto, con excepción de los casos de erogaciones multianuales en inversiones de infraestructura. Una vez concluida dicha La corrupción en México.

Revisada y aprobada la cuenta pública por los Diputados, parecería que fuera enterrada en un sarcófago sellado, pues no existe disposición jurídica que permita volver sobre ella, con excepción de los casos denunciados en investigación o responsabilidades que se encuentren sub júdice en el ámbito jurisdiccional, pero tampoco existe disposición que diga lo contrario.

La aprobación de la cuenta pública no debe significar que el uso de los recursos públicos fue realizado con apego a los principios de legalidad, eficiencia, economía, calidad, transparencia y sus objetivos programáticos e impacto social y económico alcanzados y cumplidos a cabalidad, pues sería equivocado asumir que de una muestra auditada pueda derivarse la validación de todo el universo auditable.

Además, ⸗lo que es público debe mantenerse público⸗, de lo contrario, sería tanto como aceptar que contamos con un procedimiento constitucional por medio del cual se encubren actos de corrupción al conferir efectos de convalidación de la información no revisada ni auditada al acto de aprobación de la cuenta pública. Eso sería un error.

Asimismo, habrá que tener presente, que la Cámara de Diputados al aprobar la actuación del Poder Ejecutivo, también lo hace respecto del Poder Judicial y de sí mismo, ya que el gasto de los tres poderes está consignado en el mismo presupuesto.

Cierro con algunos comentarios sobre la reciente aprobada y publicada Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. (nota: en 2014 se presentaron 7 iniciativas por diversos partidos políticos dando un pobre resultado con la creación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción como unidad administrativa adscrita a la Oficina del Procurador General de la República, publicada en el DOF de fecha 12 de marzo de 2014, relacionada con el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el DOF de fecha 18 de julio de 2016).

                       

MAP Gustavo Efrén Escudero Torres….IN MEMORIAN                                                                                                     

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