Decisiones gubernamentales decretadas ante el COVID-19 ¿legales o Ilegitimas?”.

El pasado 15 de mayo del presente el Colegio de Posgraduados en Derecho de Yucatán presento on line una serie de conversatorios dentro del programa denominado “Retos Jurídicos e Institucionales en la Lucha contra el COVID-19 en Yucatán”. El primero de ellos fue sobre “Decisiones gubernamentales decretadas ante el COVID-19 ¿legales o Ilegitimas?”. Participaron los doctores en derecho Jose Luis Ripoll Gómez, Gerardo Centeno Canto y Rodrigo Ortiz Eljure, bajo la conducción del también doctor y presidente de dicho colegio Jimmy Martínez Rodríguez.

Ripoll Gómez empezó reflexionando sobre las posibilidades de lo legal y lo legitimo. También hizo referencia a la potencial frivolidad académica si se pretende determinar si los decretos expedidos son o no legales y/o legítimos, en medio de la pandemia. Para él, lo importante en estos momentos es acabar y controlar la pandemia ante los miles de muertos que llevamos en México. El sustentante planteo la posibilidad jurídica de suspender o restringir derechos y garantías constitucionales y los requisitos jurídicos que se deberán seguir en su caso. Analizó la necesidad, de que una vez superada la emergencia el legislador yucateco debe estudiar si ha lugar modificar la Constitución local para establecer la normatividad   por parte del Ejecutivo local, ante la negativa del Ejecutivo federal de suspender derechos y garantías constitucionales.

El doctor Ripoll Gómez aseveró que todas las medidas que se adopten por esta pandemia deben ser limitadas y temporales. También dijo: “Se debe respetar la información veraz y fiable.” En la lucha contra el coronavirus, “los gobiernos de las entidades federativas deben evitar en la medida de lo posible, gobernar por decretos, es decir, ceñirse al marco jurídico vigente.”

Por su parte, el doctor Gerardo Centeno, juez del tribunal de justicia administrativa en el municipio de Mérida, sostuvo que el concepto de juridicidad coadyuva de mejor modo en la atención de estos fenómenos al incorporar el componente de derechos humanos en las decisiones de gobierno. También refirió que existía una gran dispersión en conceptos normativos para atender este tipo de emergencias sanitarias, dijo: “Las normas jurídicas vigentes no regulan adecuadamente el riesgo.

En su mayoría están diseñadas para la normalidad. Es necesario contar con reglamentos para la urgencia.” Por último, el maestro Gerardo sostuvo de manera clara y precisa la necesidad de actualizar el marco normativo nacional a efecto de atemperar el centralismo imperante e incorporar expresamente a estados y municipios en el Consejo de Salubridad General.

El doctor Rodrigo Ortiz Eljure analizó los resultados de algunas investigaciones relacionadas con la ley seca, dando números precisos, mencionando que en el momento del evento en Yucatán habían 1487 casos positivos de coronavirus, 980 personas recuperadas y 116 muertes, y manifestó que científicos mexicanos especializados en matemáticas, estadística e infectología advirtieron que en país puede haber hasta 25 veces más casos de coronavirus que los confirmados por pruebas de laboratorio.

El Dr. Ortiz Eljure, reflexionó sobre las medidas que adecuadamente se han realizado en Yucatán por el Ejecutivo Estatal, entre las que destacó las siguientes:

Acertadamente se instauró la “SANA DISTANCIA”, se ordenó el cierre de establecimientos, restaurantes, centros religiosos, escuelas, se llevó a cabo un plan emergente de apoyos de más de 1500 millones, para condonar 2 meses el recibo de agua potable, 2 meses el recibo de basura el 50% del recibo de Luz (siempre y cuando no llegue a 400 kilowatts), se ordenó acertadamente un programa de paquetes alimentarios, en total 1.8 millones de paquetes, se llevó a cabo el polémico seguro de desempleo para 50 mil yucatecos, se adquirió equipo médico, se contrató de igual manera personal médico, acertadamente se pospuso el tianguis turístico, se abrieron nuevas rutas de transporte público (la ruta de la salud), se hizo un exhorto por parte del Gobernador para que se condone la renta de las viviendas y los comercios.

     

En temas de migración se realizaron operativos para detectar a personas que regresan de viaje de zonas con transmisión, se llevó a cabo el refuerzo de la vigilancia epidemiológica, con monitoreo en todo el estado para la búsqueda de casos probables, se llevaron a cabo operativos de difusión permanente en puntos de entrada a Yucatán, aeropuerto, puertos marítimos, fronteras, así como trabajo permanente de sanidad internacional y la promoción de la salud y medidas de prevención (difusión en sitios web del gobierno).

El ponente realizó una crítica a la LEY SECA, manifestando que la misma generó polémica en todos los grupos, en redes sociales, y en núcleos sociales familiares, invocando a investigadores como Gina Villagómez Valdés, investigadora social del Centro de Investigaciones Regionales “Hideyo Noguchi” quien  aportó puntos a favor y puntos en contra, de igual manera invocó al especialista Rafael Baquedano Mezquita en representación del Colegio de Psicólogos de Yucatán, refirió menciones de la directora del Instituto de la Mujer de Mérida, Fabiola García Magaña, de igual manera invocó al gobernador Mauricio Vila Dosal.

El ponente concluyó que al menos 21 entidades han presentado casos parciales o totales de “Ley seca” por coronavirus en México. La medida ha sido adoptada por 4 gobernadores de forma general y se ha expandido, al menos, por 52 municipios del país.

Por último refirió que en el Gobierno del Estado, se están llevando a cabo mesas de trabajo para la reactivación de actividades económicas, de las cuales ya se anunciaron diversas medidas y concluyó que es importante recordarle al gobernador que existen diversas organizaciones como el COLEGIO DE POSGRADUADOS EN DERECHO DE YUCATÁN, la CONFEDERACIÓN NACIONAL DE COLEGIOS Y ASOCIACIONES DE ABOGADOS DE MÉXICO, LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ABOGADOS, que podemos apoyar en los temas de consulta.

Todas estas instituciones podrían para generar alianzas para orientar y brindar una mayor legitimidad en las decisiones del Gobierno de Yucatán.

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